Hay gobernantes que creen que, por el sólo hecho de haber ganado una elección, tienen la libertad de hacer lo que quieran con los dineros del Estado. Asemejan esos votos a un cheque en blanco, que los autoriza a hacer a su antojo, sin rendir cuentas a nadie.

Pero la lógica es exactamente al revés: los ciudadanos delegamos a un grupo de hombres y mujeres la administración del Estado, y ellos tienen la obligación de explicar en forma permanente, completa y veraz lo que hacen. Lo peor que le puede pasar a una democracia, es tener un gobierno oscuro. Esa falta de transparencia, los convierte en gobiernos autoritarios. Por más que hayan tenido el 57 por ciento de los votos.

Jorge Omar Sobisch, el gobernador de Neuquén por tercer período consecutivo y candidato a presidente de la Nación, es el titular de una gestión oscura. Totalitaria, si seguimos la lógica anterior.

Durante casi un año, un grupo de organizaciones relacionadas con el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos fundamentales como el de información y de expresión, le pidieron al Poder Ejecutivo neuquino que informe cuánto gastó en concepto de publicidad oficial en los últimos tres años, y cuáles fueron los criterios de distribución de esa pauta.

Es que las instituciones que reclaman la data, aseguran que Sobisch utiliza la publicidad como una herramienta de presión que condiciona a medios y a periodistas. Así, someten a la población a un discurso único, que informa sólo lo que el gobierno quiere que se sepa, y acalla las voces críticas, opositoras o las que simplemente expresan alguna duda sobre la gestión de gobierno.

La falta de respuestas del gobierno, hizo que en marzo de 2007, la asociación civil Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión, el Sindicato de Prensa de Neuquén, y la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación 8300 Ltda, presentaron un recurso de amparo ante la justicia civil, con el patrocinio legal de la Asociación por los Derechos Civiles.

Dos meses después, la jueza Julia Bouissón de Baggio le dio la razón a las organizaciones. No sólo dijo que el gobierno de Jorge Sobisch tiene la obligación de dar la información requerida, sino que además debe explicar los criterios usados para tomar tal decisión.

Es decir: qué medición de audiencia, relevamiento de hábitos de consumo, medición de cirulación de diarios, rating de televisión o share de radio, usó para decidir que tal o cual medio, es el mejor para invertir la pauta del Estado.

El gobierno apeló el fallo. Esto le puso freno al plazo de 60 días que Baggio le había dado para otorgar la información solicitada.

La semana pasada, la Cámara Civil Dos de Neuquén, ratificó la decisión de la jueza de primera instancia, destacando la necesidad de que los gobiernos sean transparentes, porque lo contrario -dice- los convierte en oscuros.

Esta vez, el gobierno no apeló, y la decisión quedó firme.

Se trata del primer antecedente judicial que obliga al gobierno neuquino a dar información. Abre un camino que desde hace años, estas organizaciones vienen buscando a través de la presentación de proyectos de acceso a la información y de control de la publicidad oficial. Ahora será más fácil hacer que un funcionario de cuenta de sus actos.

Queda un mes para que la gestión Sobisch explique qué hizo con la plata de la pauta. No sabemos si cumplirá la orden legal, pero si no lo hace, confirmará la teoría de que tiene mucho, muchísimo que ocultar.