En la provincia de Neuquén -en donde hace dos meses un policía asesinó al docente Carlos Funtealba durante una manifestación popular- no existe una ley de acceso a la información pública. Hace un año hablamos sobre el tema en la presentación del informe Una Censura Sutil, abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina.

Durante el 2006, la Cooperativa de Trabajo (8300), el Sindicato de Prensa de Neuquén, la asociación civil Convocatoria Neuquina y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizaron cerca de 30 pedidos de información a los tres poderes del Estado. Solicitaban un detalle del gasto en materia de publicidad oficial, con una discriminación por tipo de medio y una explicación de los criterios utilizados para la asignación de la pauta, pero el gobierno de la provincia no respondió los pedidos.

A principios de 2007, estas organizaciones consideraron que les habían quebrantado su derecho al acceso a la información en forma sistemática y deliberada, por lo que decidieron presentar un recurso de amparo ante la justicia neuquina.

A fines de mayo pasado, la jueza Boussión de Baggio falló a favor de las organizaciones y obligó al gobierno neuquino a informar sobre el gasto de publicidad oficial durante los años 2004, 2005 y 2006. En su dictámen, la jueza afirmó que la publicidad de los actos de gobierno “comprende no sólo el resultado final o acto de gobierno en sí sino que involucra también los pasos o procedimientos llevados a cabo, como asimismo los documentos, pruebas u otros elementos que permiten fundar la decisión gubernativa”.

En el fallo, del juzgado civil 4 de Neuquén, se le otorgó al gobierno un plazo de 60 días para presentar la información requerida, ya que la falta de información por parte de la Administración Pública “lesiona los derechos y principios a que se ha hecho referencia, por lo que nos encontramos ante una omisión lesiva”, como afirma el documento. Pero, una vez más, el gobierno de la provincia de Neuquén se negó a entregar la información pública apelando el fallo.

Nos explica la situación Fabián Bergero, docente de la Universidad Nacional del Comahue, miembro de la Cooperativa de Trabajo (8300) y del Sindicato de Prensa de Neuquén:

Como lo explica Fabián, el panorama es bastante favorable aún después de la apelación del gobierno, que con este tipo de acciones demuestra su deseo activo de ocultar información. En el fallo, además, la jueza consideró que el derecho a la información pública “pertenece no sólo a la Prensa y los órganos de control, sino también a todo ciudadano interesado en la cosa pública”.

Por otro lado, entre 2001 y 2002, el gasto en materia de publicidad oficial del gobierno neuquino casi se cuadriplicó, pasando de 1.5 a 5.3 millones de pesos; y subió más del doble en 2003, cuando alcanzó los 12.1 millones de pesos. El presupuesto general de la provincia entre 2000 y 2003 aumentó un 60%, mientras que el gasto en publicidad oficial aumentó un sorprendente 1300%. Todos estos aumentos precedieron al anuncio del gobernador de la provincia, Jorge Sobisch, en marzo de 2004, en el que se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales de 2007 [Una Censura Sutil, pag. 26]

Como dice el refrán popular: las cuentas claras conservan amistades, señores gobernantes. Queremos saber, tenemos derecho.